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Carta abierta a las y los líderes de las Américas

El gobierno abierto no consiste en hacer una reforma única, sino una forma de lograr una democracia incluyente y sostenible de manera progresiva y de la mano con la ciudadanía. En la contratación pública se concentran grandes riesgos de corrupción asociados al gasto público. Frente a la inestabilidad global y los desafíos fiscales que enfrenta la región, las y los líderes deben redoblar sus esfuerzos para asegurar que el dinero público se gaste abiertamente de acuerdo con el interés público.

La IX Cumbre de las Américas se lleva a cabo en el contexto de una frágil recuperación de la pandemia y un futuro incierto tanto en lo económico como en lo político. Desde las compras de mascarillas hasta las de respiradores artificiales y vacunas, los estándares de transparencia en la contratación pública en muchos países retrocedieron durante la pandemia, a pesar de las advertencias hechas por varias organizaciones de la sociedad civil de la región. Algunos gobiernos fallaron en generar transparencia y rendición de cuentas, sacrificando los avances logrados en los últimos años.

América Latina y el Caribe puede mostrarle al mundo lo que es posible cuando el gobierno se abre a la participación ciudadana guiado por datos y procesos de transformación digital. Un vistazo al camino recorrido desde Lima a Los Ángeles puede inspirar a redoblar esfuerzos en lo que ha salido bien y funciona: el enfoque de gobierno abierto. 

Sobre la base del Compromiso de Lima en la VIII Cumbre de las Américas, los países de la región lograron avances para combatir la corrupción en las contrataciones de bienes, servicios y obras públicas. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Corrupción, los países cuentan con marcos normativos para el 65% de los compromisos adoptados en materia de prevención de la corrupción en las compras públicas. No obstante, los gobiernos presentaron avances en la implementación práctica de un poco menos de la mitad de esos compromisos.

Cuando los gobiernos se comprometieron realmente con la contratación abierta, brindaron también mejores servicios públicos a la ciudadanía. Cuando estuvieron presentes la transparencia, los datos abiertos y colaboración entre gobierno, sociedad civil y empresas, vimos resultados reales. 

En Chile, los datos abiertos y el monitoreo cívico permitieron reformas en los procesos de adquisición de medicamentos que llevaron a una mayor competencia y a una caída en los precios de venta de los medicamentos al público, ahorrando millones de dólares para el gobierno y la ciudadanía. En Paraguay, la digitalización de adquisiciones y la disponibilidad de datos abiertos a través de todo el ciclo de contratación ha aumentado la cantidad de recursos públicos destinados a las escuelas que atienden a estudiantes de bajos ingresos. En Ecuador, la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil permitió abrir las contrataciones durante la emergencia del COVID, lo que a su vez ayudó a identificar y presentar demandas judiciales contra adjudicaciones cuestionables. En Argentina, la implementación de herramientas digitales para la publicación, contratación y seguimiento de ejecución de compras y obras públicas, y la apertura en datos abiertos de la información relativa al ciclo presupuestario, fortaleció los mecanismos de control social sobre el gasto público. En México, al ser una federación, las adquisiciones públicas fueron descentralizadas, por lo que el monitoreo que hizo la sociedad civil a nivel nacional y estatal fue catalizador para que algunos gobiernos estatales publicaran y abrieran micrositios específicos con información en datos abiertos sobre compras en el marco de la emergencia y sus efectos económicos.

Ahora más que nunca, las y los líderes de la región deben renovar su compromiso con la contratación abierta para garantizar que el gasto cumpla con sus objetivos y asegurar que no se desperdicien recursos públicos. 

Hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos y a los gobiernos de los Estados miembros para que renueven y fortalezcan su compromiso con la contratación abierta. Como coalición de organizaciones regionales de la sociedad civil que impulsan esta agenda, hemos identificado cuatro prioridades principales que servirán como punto de partida:

  1. Aumentar la disponibilidad y la calidad de los datos abiertos sobre contratos públicos, incluyendo los de vacunas y tratamientos, promoviendo el monitoreo y la participación ciudadana en todo el proceso de adquisición, desde la planificación hasta la ejecución de las contrataciones, con especial atención a las situaciones de emergencia. 
  2. Fortalecer los esfuerzos en materia de digitalización del proceso de compra pública para mejorar la interoperabilidad con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas. 
  3. Regular los conflictos de interés en las compras públicas, contar con registros accesibles sobre los beneficiarios reales de las empresas contratadas y divulgar esa información en las publicaciones y portales de adquisiciones públicas.
  4. Definir claramente qué constituye una contratación excepcional o de emergencia en la normativa de compras públicas, establecer salvaguardas que incluyan justificaciones claras para la excepcionalidad (con documentación de respaldo) y fortalecer las capacidades institucionales para el uso y control de estas modalidades de compra.

Una de las formas de abordar la brecha de implementación es ampliar el alcance y el financiamiento del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción – PIDA, resultante del Compromiso de Lima de la VIII Cumbre de las Américas.

Nos ponemos a disposición para ayudar a avanzar en estos compromisos. Proponemos convocar a expertos en contratación y compras públicas, organizaciones de la sociedad civil de gobierno abierto y el sector privado para construir una hoja de ruta para avanzar en la implementación de compromisos de contratación abierta y gobierno abierto.

Continuaremos trabajando incansablemente para sostener y progresar en la agenda de gobierno abierto para una recuperación que sea transparente, justa, sostenible y equitativa para muchos, no para unos pocos.

Organizaciones firmantes: