Guía para legislar las contrataciones abiertas

Cada vez hay más coincidencia entre expertos y responsables de formular políticas en que es necesario reformar la contratación pública de modo que la transparencia, la eficiencia, la objetividad y la equidad sean una parte fundamental de ese proceso. Las nuevas herramientas y tecnologías digitales han hecho posible rediseñar y modernizar la contratación desde cero. Sin embargo, debido a la complejidad de las leyes y reglamentaciones, los gobiernos nacionales y locales de todo el mundo no suelen contar con orientación especializada sobre cómo otorgar un marco más adecuado a la contratación abierta e incorporar principios y compromisos de contratación abierta en las leyes y reglamentaciones nacionales.

Con el objeto de satisfacer esta demanda, Open Contracting Partnership (OCP) se ha asociado con TrustLaw, el servicio global ad honorem de la Fundación Thomson Reuters, para analizar la legislación y las reglamentaciones de ocho países que son líderes en materia de contratación pública —Chile, Colombia, Paraguay, Portugal, Corea del Sur, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos— y extraer mejores prácticas y orientación. Además, analizamos dos marcos jurídicos supranacionales: el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) Revisado de la Organización Mundial del Comercio, que abarca a 48 miembros de esa entidad, y la Directiva sobre Contratación Pública de la Unión Europea, que abarca a 27 Estados Miembros.

Estos países y regímenes fueron elegidos porque representan a un grupo heterogéneo de países donde la contratación abierta y el uso de datos para monitorear la contratación se están afianzando. 

En este informe, presentamos un resumen de nuestros hallazgos y compartimos algunos de los mejores ejemplos para quienes deseen desarrollar o consolidar sus propios requisitos legislativos incorporando conceptos de contratación abierta, como el monitoreo basado en datos, la supervisión por el público y la participación de todas las partes interesadas pertinentes.